Ya no es una desconocida. La Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, estableció que los operadores de las actividades incluidas en su campo de aplicación, debían disponer de una Garantía Financiera que les permita hacer frente a la Responsabilidad Medioambiental inherente a su actividad.

Además la Orden ARM/1783/2011, estableció un calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales a las que se refiere la Ley 26/2007, y la prioridad para el establecimiento de la garantía financiera, según la actividad económica.

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